En reconocimiento a sus aportes como activista ambiental, la voluntaria fundadora de Colectivo Árbol, Eliana Torrico, fue invitada a participar como panelista en la discusión de dos proyectos de Ley sobre el Ecocidio y la Defensoría de la Madre Tierra.
Compartimos su participación en el evento y su aporte en la construcción de un Plan de Acción para hacer frente a la Crisis Climática.
Transcripción
«Gracias por la invitación y el espacio para participar, lo valoro mucho, porque muy pocos bolivianos y bolivianas en especial de tierras bajas, tenemos la oportunidad de tener voz en estos ámbitos, donde se concentra el más alto poder de definición de políticas públicas sobre la vida, los bosques, los ríos, montañas, y el bien para todos los seres que habitamos este planeta.
Soy Eliana Torrico Tejada, ciudadana ambientalista voluntaria, miembro de Colectivos urbanos y Plataformas ambientales en Santa Cruz y en Bolivia. Abogada de profesión.
Nací y viví mi infancia en una ciudad calurosa, amable y húmeda (Santa Cruz de la Sierra), con casas de techos naranjas tapizados naturalmente de todo tipo de vegetación exuberante; rodeada de bosques, aves y animalitos, ríos briosos, serpenteantes y comunidades barriales amables y hospitalarias, lamentablemente hoy Santa Cruz, el departamento de dónde vengo, bautizado pomposamente como el “motor del país y modelo de desarrollo a seguir” basado en el PIB, irónicamente es todo, menos ese lugar donde nací, lo afirmo con mucho dolor y pesar.
Yo no vengo aquí a hablar de la rentabilidad de los empresarios, ni a proponer un Estado que continúe como gendarme de las riquezas de los sectores extractivistas – neo colonialistas, en desmedro de la calidad de vida de todos los bolivianos, cada vez más empobrecidos y en éxodo hacia los centros urbanos contaminados, ahogados en basura, sin árboles, violentos que no brindan siquiera asistencia en salud digna.
Vengo aquí en representación de bolivianos y bolivianas y de un sector que hace décadas no tiene voz ni representación en el gobierno, el sector ambientalista, movilizado en constante lucha por los derechos de la naturaleza y por la calidad de vida de los habitantes del mundo, somos miles de personas y voluntades que nos debatimos desde calles y pueblos, siendo incluso perseguidos y judicializados y sin la mínima posibilidad de encontrar correspondencia en las instancias de representación gubernamental.
(…) Advertirles, que ninguno de los grandes temas que expondré está en estreno, así que no se esperen novedades, porque son producto de una larga espera, a que los gobiernos sucesivos, desde la ECO 92, tengan la voluntad política de implementarlos y en el caso de Bolivia, mínimamente cumplir con lo que los bolivianos mandamos en el preámbulo vinculante de nuestra CPE, tratados y convenios internacionales.
Señor Vicepresidente y autoridades presentes, les solicito a ustedes tomar en cuenta, la adopción de estas medidas con carácter de urgencia, ya que de no hacerlo vamos camino al 3er. gran Ecocidio, como los ocurridos en 2019 y 2020 con los mega incendios de la Chiquitanía y Amazonía:
Marco institucional de medio ambiente:
Sin marcos institucionales fuertes, ninguna política ambiental se implementará, y todos sabemos aquí, que las instituciones actuales que tienen el mandato de velar por el medio ambiente, hoy por hoy son un mal referente para toda la institucionalidad del país.
En ese sentido, se deben definir los marcos institucionales de las instancias que gestionan y administran nuestro medio ambiente, montes y ríos, cuyas autoridades deben ser elegidas por méritos, de una terna elevada al Presidente y no así por avales de nadie.
Los ministerios de tierras y desarrollo productivo, minería, hidrocarburos, obras públicas, la ABT y el INRA, deben tener límites legales con consecuencias jurídicas, puesto que en los últimos años definen políticas y acciones gravemente atentatorias al medio ambiente, incluyendo en las ciudades, habiendo reducido el área ambiental a un viabilizador de trámites y licencias.
Medidas administrativas con posibilidad de cumplimiento inmediato:
Se debe garantizar, sin que medie consulta alguna, la protección del patrimonio estratégico de los bolivianos que se constituye por: las áreas protegidas, reservas forestales, cuencas de ríos, servidumbres ecológicas, biodiversidad, suelos, y conocimiento y cultura de los pueblos que las habitan, con rango, nivel y preeminencia sobre actividades extractivas y depredadoras, como la minería, el agronegocio, los hidrocarburos, etc.
Se deben anular todas las medidas administrativas y las políticas de medición de la producción agrícola en Bolivia, en has. de tierras desmontadas, y reemplazar por calidad y rendimiento de la producción.
También se deben anular los indicadores de seguridad alimentaria relacionados a semillas transgénicas, agro tóxicos y fertilizantes, como las medidas de acceso a la tierra y cumplimiento de la Función Económica y Social con desmontes en tierras forestales, reservas y áreas protegidas.
Se hace necesario apoyar toda iniciativa privada, comunitaria, municipal o departamental en la constitución de Reservas ambientales y forestales en TPFP, logrando al menos 3 millones de has. por año, efectivamente protegidas y en su caso, con procesos de restitución de bosques.
Así mismo, se debe incluir en la Agenda, la importancia de los suelos, deben ser categorizados como un ser vivo estratégico para el Estado por el inigualable rol que desempeñan en la absorción de Dióxido de Carbono y también de él dependen la supervivencia de miles de organismos de enorme valor para la vida.
Es urgente, cambiar el modelo productivo agro extractivista que supone la liquidación de los bosques y biodiversidad en el país, y la visión errada de que lo rural sólo puede ser agrícola o minero para tener posibilidades.
Medidas de abrogación de normativa vigente:
En el año 2012, hace ya una década, se promulgó la Ley Marco de la Madre Tierra y se constituyó la Autoridad de la Madre Tierra, sin embargo, esto no le impidió, al mismo gobierno que impulsó la Ley, promulgar e implementar normas que desmantelaron el todavía débil blindaje ambiental del país que había llevado décadas construir.
Así mismo, el Gobierno de Evo Morales aprobó el denominado Paquete Incendiario, en plena vigencia de las normas e instituciones de la Madre Tierra, corresponde al gobierno vigente ABROGAR estas nefastas normas que provocaron los incendios de gran magnitud en la Chiquitania y Amazonía boliviana. Estas normas promueven ECOCIDIO año a año mientras continúen vigentes:
Ley 337, 502, 739, 740, 741, 1178 que establecen perdonazos una y otra vez a desmontadores y otorgan autorización para desmontar hasta 20 has sin ningún tipo de requisito técnico.
D.S. 3874, 3973 y otros, que autorizan eventos transgénicos para la producción de agro combustibles, y amplían la frontera agrícola del Beni en tierras de vocación forestal.
Normativas técnicas internas de ABT que facilitan chaqueos, desmontes y quemas.
Urge también la revisión de los instrumentos de gestión ambiental y anulación de toda normativa contraria al bloque de constitucionalidad en detrimento del medio ambiente.
Medidas de Inclusión y participación de actores. –
Consideramos que es necesario abrir espacios inclusivos, transparentes y expeditos para la construcción permanente de una agenda ambiental por la vida y en el diseño de políticas públicas, en la que debemos ser tomados en cuenta los pueblos y ciudades de tierras bajas, que hemos sido eternamente excluidos de estos espacios y relegados por una miope visión andinocentrista.
Medidas de Justicia Ambiental. –
Si pretendemos avanzar en materia de Justicia Ambiental, se debe avanzar en la prevención oportuna y eficaz de los daños, con un Derecho Ambiental enfocado en pre cautelar los Derechos de la Naturaleza antes que se consuma el daño y no como la actual justicia que si alguna vez actúa es después de consumado el daño, muchas veces irreversible.
Y por último y no menos importante, Medidas a favor del medio ambiente y la calidad de vida en las ciudades. –
En el ámbito urbano es vital que se activen oportunamente las auditorías ambientales y consultas públicas legítimas, así mismo la aplicación del principio precautorio salvaguardando los derechos de la naturaleza y la calidad de vida de los ciudadanos. Urge reforzar políticas públicas en materia de protección preventiva de humedales, lagunas de regulación, ríos, servidumbres, corredores biológicos, fauna silvestre y acuíferos.
Para concluir mi intervención quisiera aseverar enfáticamente que NO EXISTE RE ENCUENTRO CON LA MADRE TIERRA si desde el Estado se continúan impulsando y socapando prácticas ECOCIDAS.
Muchas gracias por el espacio y su gentil atención….».
La Paz, Bolivia, 22 de abril del 2021.
Transcripción de Licy Tejada Soruco
Colectivo Árbol 